El Tribunal Supremo emitió una decisión significativa el martes, dictaminando que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump para reprimir las protestas fuera de un centro de detención de inmigrantes en Broadview, Illinois, fue una violación de la ley federal. En una decisión de 6-3, el tribunal encontró que las acciones de Trump excedieron su autoridad como comandante en jefe y infringieron los derechos de los manifestantes.

Según los documentos del tribunal, Trump había desplegado a unos pocos cientos de miembros de la Guardia Nacional en el centro en respuesta a las protestas de defensores de la inmigración y otros grupos. Los manifestantes habían estado demostrando contra la detención de migrantes en el centro, que es operado por Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El tribunal encontró que la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional fue un mal uso de su autoridad y una violación de la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de tropas federales para fines de aplicación de la ley dentro de los Estados Unidos.

El juez Stephen Breyer, escribiendo por la mayoría, declaró que "el despliegue de tropas de la Guardia Nacional para reprimir las protestas es un asunto grave que requiere una consideración cuidadosa y el cumplimiento de la ley". Breyer señaló que, si bien el presidente tiene una amplia autoridad como comandante en jefe, "esa autoridad no está exenta de límites, y el despliegue de tropas para reprimir las protestas es un ejercicio significativo de esa autoridad que debe ser cuidadosamente considerado".

La decisión fue bien recibida por los grupos de libertades civiles, que argumentaron que las acciones de Trump fueron un exceso de poder ejecutivo. "La decisión de hoy es una victoria importante para los derechos de los manifestantes y un recordatorio de que el presidente no está por encima de la ley", dijo un portavoz de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). "Estamos satisfechos de que el tribunal haya reconocido la importancia de proteger los derechos de los manifestantes y la necesidad de que el presidente se adhiera a la ley".

La decisión también se consideró un revés significativo para Trump, quien había estado buscando expandir su autoridad como presidente. Los abogados de Trump habían argumentado que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional era necesario para mantener el orden y proteger la seguridad de los manifestantes, pero el tribunal rechazó ese argumento.

La decisión es la última en una serie de casos de alto perfil que involucran el uso del poder ejecutivo por parte de Trump. En 2020, el Tribunal Supremo dictaminó que la decisión de Trump de terminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) era ilegal, y en 2022, el tribunal encontró que las acciones de Trump en la insurrección del 6 de enero de 2021 fueron un abuso grave de poder.

Se espera que la decisión tenga implicaciones significativas para las acciones presidenciales futuras, particularmente con respecto al uso de la fuerza militar y la protección de las libertades civiles. Como señaló un experto legal, "esta decisión envía un mensaje claro de que el presidente no está por encima de la ley y de que los tribunales examinarán cuidadosamente cualquier intento de expandir el poder ejecutivo".