En una decisión de 6-3, el Tribunal consideró que el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump excedió la autoridad otorgada a él por la ley federal. La opinión de la mayoría del Tribunal, escrita por la jueza Sonia Sotomayor, encontró que las acciones del presidente fueron "ilegales y anticostitucionales". La decisión fue respaldada por tres jueces republicanos, incluido el jefe de Justicia John Roberts, quien a menudo ha sido visto como un voto decisivo en el Tribunal.

"No podemos permitir que el presidente utilice a los militares para silenciar la disidencia y suprimir la libertad de expresión", escribió Sotomayor en su opinión. "La Constitución garantiza el derecho a la protesta pacífica, y no nos quedaremos inactivos mientras el presidente busca socavar ese derecho".

La decisión fue bien recibida por los grupos de libertades civiles, quienes argumentaron que el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump fue un claro exceso de autoridad ejecutiva. "Esta decisión es una victoria importante para el estado de derecho y la Constitución", dijo el director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero. "Estamos emocionados de que el Tribunal haya reconocido la importancia de proteger el derecho a la protesta pacífica".

Los abogados de Trump habían argumentado que el presidente tenía la autoridad para desplegar a la Guardia Nacional para mantener el orden y proteger la seguridad de los manifestantes. Sin embargo, la mayoría del Tribunal no estuvo de acuerdo, encontrando que las acciones del presidente no estaban justificadas por las circunstancias.

La decisión marca un cambio significativo en el enfoque del Tribunal hacia la autoridad ejecutiva, que ha sido un tema importante en los últimos años. En 2020, el Tribunal decidió en una votación de 5-4 que Trump tenía la autoridad para utilizar la fuerza militar contra los manifestantes en Portland, Oregón. Sin embargo, la decisión del Tribunal en Trump v. Illinois sugiere que el Tribunal ahora está adoptando un enfoque más matizado hacia la autoridad ejecutiva.

La decisión tiene implicaciones significativas para el futuro del poder ejecutivo y el papel de los militares en la aplicación de la ley doméstica. Como deja claro la decisión del Tribunal, la autoridad del presidente para desplegar a los militares no es ilimitada, y el Tribunal continuará desempeñando un papel crucial para garantizar que la rama ejecutiva no exceda sus límites.

El caso ahora está cerrado, pero las implicaciones de la decisión se sentirán durante años. La decisión del Tribunal es un recordatorio de que la Constitución es un documento vivo, y que el Tribunal continuará desempeñando un papel vital para garantizar que los derechos y libertades de todos los estadounidenses estén protegidos.