La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley el martes que establece penas severas para aquellos que apoyen o ayuden a financiar bloqueos y actos de piratería, incluyendo hasta 20 años de prisión. La legislación fue aprobada después de que Estados Unidos incautara tanqueros de petróleo vinculados a Venezuela, actos que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado como actos de piratería al margen de la ley.

Según los legisladores, la ley tiene como objetivo proteger la economía nacional y evitar la erosión de los niveles de vida de la población. Giuseppe Alessandrello, un legislador, presentó la ley ante la Asamblea Nacional, afirmando que "esta ley busca proteger la economía nacional y evitar la erosión de los niveles de vida de la población". La Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante de Maduro, votó a favor de la legislación.

La ley se dirige a individuos y entidades que brinden apoyo financiero o logístico a bloqueos y actos de piratería, que el gobierno venezolano considera una amenaza a su seguridad y economía nacionales. Las penas por violar la ley incluyen hasta 20 años de prisión, multas y confiscación de bienes. La ley también establece un comité especial para investigar y procesar casos de piratería y bloqueos.

El gobierno venezolano ha sido crítico con las acciones de EE. UU., que considera un intento de estrangular su economía y socavar su soberanía. Maduro ha denunciado reiteradamente el bloqueo de EE. UU. como una forma de guerra económica. Por otro lado, EE. UU. ha argumentado que sus acciones son necesarias para evitar que el gobierno venezolano utilice los ingresos del petróleo para financiar su ejército y régimen autoritario.

La ley ha recibido reacciones mixtas de observadores internacionales. Algunos han acogido con beneplácito la medida como un paso necesario para proteger la economía venezolana, mientras que otros han expresado preocupación por el potencial de abusos de derechos humanos y la persecución de grupos de oposición. EE. UU. no ha comentado sobre la ley, pero ha seguido manteniendo sus sanciones económicas contra el gobierno venezolano.

La ley entrará en vigor de inmediato, y el gobierno venezolano ha prometido aplicarla estrictamente. El comité especial establecido por la ley comenzará a investigar casos de piratería y bloqueos, y aquellos que sean declarados culpables enfrentarán penas severas. La ley se considera un componente clave de los esfuerzos del gobierno venezolano para proteger su economía y soberanía frente a la presión de EE. UU.