Según los documentos de la corte, la decisión de la Corte Suprema bloquea efectivamente el plan de Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Illinois, que fue recibido con una fuerte oposición por parte del gobernador del estado, J.B. Pritzker. Pritzker había argumentado que el despliegue sería una extralimitación de la autoridad federal y una amenaza a la soberanía del estado. En un comunicado, Pritzker elogió la decisión de la Corte Suprema, diciendo: "La sentencia de hoy es una victoria para el estado de derecho y la Constitución. Confirma que el Presidente no tiene el poder de desplegar unilateralmente a la Guardia Nacional en nuestro estado sin nuestro consentimiento".

La apelación de la administración se basó en la afirmación de Trump de que las protestas en el área de Chicago representaban una amenaza significativa para la seguridad de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas. Sin embargo, los tribunales inferiores rechazaron esta afirmación, dictaminando que las protestas no constituían una "rebelión o peligro de rebelión" contra el gobierno federal. La decisión de la Corte Suprema mantiene efectivamente estas sentencias de los tribunales inferiores, bloqueando la capacidad de Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Illinois.

La Ley de Insurrección, que Trump invocó en su apelación, permite al presidente desplegar a las fuerzas militares en casos de rebelión o insurrección. Sin embargo, la ley también requiere el consentimiento del gobernador del estado, que Pritzker se había negado a dar. La decisión de la Corte Suprema destaca la tensión entre la autoridad federal y estatal, particularmente en los casos en que el presidente busca afirmar su poder en contra de la oposición de los funcionarios estatales.

La sentencia tiene implicaciones significativas para el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. También plantea preguntas sobre los límites de la autoridad presidencial y el papel del poder judicial en la limitación del poder ejecutivo. A medida que el país sigue luchando con cuestiones de inmigración y seguridad nacional, la decisión de la Corte Suprema proporciona un control crucial sobre la capacidad del presidente de desplegar unilateralmente a las fuerzas militares.

La decisión de la Corte Suprema es el último desarrollo en una disputa de larga data entre la administración de Trump y los funcionarios estatales sobre la política de inmigración. El caso probablemente tendrá implicaciones de gran alcance para el futuro de la política de inmigración y el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.